Atrevete a ser científico en la Comunidad Valenciana

El corrupto quedando libre de todos sus pecados. Qué país de 45 millones de habitantes y sólo un premio Nobel de ciencia (Severo Ochoa era estadounidense cuando recibió el premio).

¿De qué se ríen?

Magnífico artículo de Sergio Moreno, de El Mundo, sobre el fracaso del buque insignia de la ciencia valenciana. Una comunidad, Valencia, con un presidente corrupto, que resultó inocente según un tribunal popular, en el que hubo algunas cosillas que en otro país más serio hubiese resultado impugnado, quiso jugar a ser una comunidad seria (que no lo es) y este es el resultado:

El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) en un tiempo fue un reclamo exquisito. Otro gran evento en Valencia. En el acto de inauguración, en marzo de 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, proclamó: "Hoy es un gran día para la ciencia, para la Comunidad Valenciana, para España y para los que dedican su esfuerzo y su vida a la investigación".

Todo lo que tenía que ver con el CIPF sonaba a caro, carísimo, pero útil y en ese momento imprescindible. Y además había con qué ir pagándolo: como unas salas blancas (dependencias con niveles de contaminación muy controlados), aún por terminar, que no llegaron a utilizarse y que costaron más de dos millones de euros. Una inversión a la que se le pensaba dar una utilidad terapéutica con el traslado de pacientes de hospitales de la ciudad y que, por su complejidad, nunca llegó a realizarse.

Con el edificio levantado y los laboratorios en funcionamiento, uno de los objetivos de comunicación de la institución fue que se hablara mucho y, además bien, del trabajo que desempeñaban los investigadores. La calidad de los profesionales del CIPF produjo titulares y éxitos a mansalva: aislamiento y cultivo de células madre para tratar enfermedades incurables como Parkinson o Alzheimer, líneas de investigación sobre el cáncer, avances en los tratamientos de reparación medular... Aun así, sabía a poco.

Había que traer lo mejor para mantener esa ficción interesada, aunque pidieran mucho. Rubén Moreno, por entonces gerente del Príncipe Felipe, se empeñó en otorgarle una subdirección y carta blanca al científico que clonó el primer embrión humano: Miodrag Stojkovic, un fichaje estrella al que algunos investigadores, reconocen ahora, no vieron, ni mucho menos hablaron con él, ni una sola vez. Duró un año. Y a Rubén Moreno le quedaba poco.

La situación del CIPF, debido a la deuda acumulada, a la retirada de ayudas de la Administración valenciana y al coste de funcionamiento de las instalaciones, empezaba a hacer urgente la búsqueda de nuevas formas de ingresos. La solución no era seguir gastando y provocando escándalos (desde 2008 se reprochó a Moreno que las contrataciones no respondieran a las necesidades del Centro para investigar).

Se optó por lo peor: reducir el tamaño sin un plan de viabilidad no económica, sino científica. El Gobierno central y el valenciano se acusaron mutuamente de abocar al CIPF al desmantelamiento y en el intercambio de advertencias que, a fin de cuentas, no es más que una forma de amenazar por las buenas, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, dio, por primera vez, una cifra y el alcance de daños.

Si no llegaba más financiación para adaptarse al "nuevo escenario", se ponían en peligro "160 puestos de trabajo y el cese consecuente de toda la actividad científica ligada al proyecto". Tal cual. Los responsables del centro en Valencia cambiaron, la economía también, y todas las reformas que iban a llegar en ningún caso beneficiaban a la comunidad científica.

Bancaja tampoco lo puso fácil. Antes de su integración en el grupo Bankia, la entidad presidida por José Luis Olivas hasta hace solo uno días negó el mismo acuerdo que permitió al Valencia CF poder presentar nuevos presupuestos: adelantar dinero mientras las transferencias de la Administración autonómica llegaban y así poder afrontar compromisos.

En el nuevo modelo de 'CIPF sostenible', en el que la austeridad y la lógica iban a ir juntas, se empezó por cancelar todos los programas de formación, que afectó a becarios con años de estudio y trabajo pendiente para concluir sus tesis doctorales. Los que se beneficiaban de financiación externa salvaron sus proyectos con traslados a otros centros. Los que dependían del Príncipe Felipe, no.

'Una excusa muy bien preparada'

"Aunque hubiéramos sido millonarios, en el centro nunca hubo prioridades", explica el ex presidente del comité de empresa, ex investigador jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer del CIPF y uno de los perjudicados por el ERE, Rafael Pulido.

"Lo trágico es que hablamos de cantidades razonables. La deuda sería un problema si la Comunidad tuviera 40 centros como el CIPF, pero no con uno solo". A los recortes de la Generalitat, de casi 9 millones a 4,4, se sumó la presentación de unas cuentas que proyectaban una constante deficitaria. En palabras de Pulido: "Una excusa muy bien montada para crear plantillas a medida. En ningún caso, ni en una situación de restricción económica estos trucos deberían servir para cometer atropellos" como el del Príncipe Felipe.

Al cerrar una línea de investigación (en el CIPF fueron 14) solo pueden ocurrir dos cosas: trasladarla para continuar con la labor de estudio en un nuevo destino o perder el conocimiento adquirido. Muchos de los 114 despidos que se plantearon con el ERE llevaban aparejada la segunda consecuencia. Los 'liquidadores' del CIPF incluso llegaron a desprenderse de personal que aportaba recursos económicos al centro con posibilidad de seguir renovando las líneas productivas.

"Ahora, con la mitad de la plantilla, quien crea que con un presupuesto reducido al 50% se puede hacer mejor ciencia se equivoca, y esa es la idea que han querido imponer en la nueva dirección", asegura otro investigador del centro.

Tras la caída de Moreno, el centro experimentó un vacío de poder, sin dirección general y sin gerente, hasta que los nuevos administradores se ajustaron al criterio de contratación que obligó a acometer los ajustes: al frente, siempre, un amigo.

El 'milagro' de la empresa privada

La idea de Carlos Pérez Espuelas, encargado de aplicar el ERE, fue que la empresa privada fuera ganando presencia en las instalaciones para obtener beneficio de las zonas en desuso por la salida de gran parte de la plantilla. La elegida fue Oncovision. El acuerdo era sencillo. El Centro Príncipe Felipe arrendaba parte del suelo y la empresa adjudicataria se haría cargo de los gastos. Pero también de los beneficios de su actividad comercial.

Para poder presentar las ofertas a las empresas interesadas, la institución encargó un peritaje para cuantificar el gasto en luz, seguridad, limpieza y el coste, en metros cuadrados, de los laboratorios. Los más de 100 investigadores que todavía hoy trabajan en el CIPF costaban (y costarán) 10.000 euros el metro cuadrado. Sin embargo, para la empresa privada, sale a devolver.

Según fuentes conocedoras del contrato (al que la actual dirección no ha querido referirse a preguntas de ELMUNDO.es porque se trata de una cuestión que ha de "ceñirse a la confidencialidad"), Oncovision paga alrededor de 60.000 euros al año por ocupar un 10-15% del suelo con sus 50 trabajadores. Es decir, no más de 1.000 euros por metro cuadrado: diez veces por debajo de las estimaciones que se les mostró a los 'residentes'. Para hacerse una idea de la dimensión de este maná: mantener operativo el centro costaba, antes del ERE, unos 9 millones de euros. Ahora, tras la limpia, menos de cinco.

Tú también puedes ser científico

Un investigador que desarrolla su labor en el extranjero lo explicaba de esta forma a ELMUNDO.es: "De los creadores de 'ERE en el CPIF, el buque insignia de la investigación valenciana' y 'Ciento y pico jóvenes científicos a la puta calle'; los productores de 'Recortes al sistema de becas y contratos para la investigación' presentamos..."

Tras conocerse el despilfarro y tratar de ponerle freno con la traumática salida de 114 investigadores del CIPF; tras el cierre de líneas de investigación con una incidencia directa en la salud y la calidad de vida de las personas; tras anunciarse la reducción de más de 600 millones en subvenciones y préstamos a la investigación científica por parte del Gobierno central, la Generalitat abrió un portal para, según su declaración, "incentivar en los estudiantes el interés por la investigación y promover su deseo de dedicarse a la ciencia".