A Marta Orellana le inocularon la bacteria Treponema pallidum causante de la sífilisLos campesinos guatemaltecos Federico Ramos Meza y Manuel Gudiel fueron arrancados violentamente del surco para obligarlos a prestar el servicio militar en 1946. Tras seis meses en el cuartel, su unidad fue trasladada para prestar apoyo a tropas norteamericanas allí acantonadas. "Al día siguiente fuimos llamados a la enfermería de los gringos. Nos pusieron unas inyecciones. Empezaba el experimento del diablo", narra Ramos con la mirada perdida. Él y su compañero acababan de ser víctimas de las prácticas de eugenesia puestas de moda por los nazis unos años antes.
Entre 1946 y 1948, un grupo de médicos estadounidenses, dirigidos por John Charles Cutler, bajo el patrocinio directo de la Secretaría de Salud del Gobierno estadounidense, inoculó con sífilis y gonorrea, sin darles ninguna información, a soldados, prisioneros, prostitutas y hasta a niñas de un hospicio . Fueron 696 los guatemaltecos infectados para probar con ellos los efectos curativos de la penicilina en el combate a estas enfermedades venéreas.
Durante décadas, nadie se acordó de las víctimas ni de sus familias, que sufrieron siempre los efectos de las enfermedades. Pero el pasado otoño la investigadora estadounidense Susan Reverby encontró los archivos del ya fallecido Cutler y se destapó el escándalo. El presidente estadounidense Barack Obama se disculpó por teléfono con el mandatario guatemalteco, Álvaro Colom.
"Es el abandono en que las víctimas han subsistido, luchando día a día por ganarle el pulso a la miseria, lo que nos animó a poner la demanda", dicen los abogados del bufete guatemalteco Hiram Sosa Castañeda que, junto a una firma norteamericana (Henry Dell, especializada en casos de lesa humanidad) ha denunciado al Gobierno de EE UU, y luego hará lo mismo con el de Guatemala y una farmacéutica.
Ramos, que hoy tiene 86 años, y Gudiel (85) han sobrevivido durante todos estos años en la frontera de la miseria, y en las condiciones más adversas todos, cuentan en su pueblo, Las Escaleras, una recóndita y humilde aldea al Este del país. El primero asegura que nadie le explicó qué les estaban haciendo cuando les ponían las inyecciones. "Habría que estar loco para aceptar ser parte de un experimento de esa naturaleza. En el cuartel, ya se sabe, solo se obedecen órdenes".
Los efectos de la enfermedad empezaron a manifestarse a los tres meses. A partir de entonces, cada 15 días eran llevados a la clínica, para una revisión. "A pesar de las molestias y dolores cada vez más intensos, jamás fuimos relevados de nuestra rutina de soldados", apostilla Gudiel. Tras licenciarse (el servicio militar duraba dos años) les abandonaron a su suerte, mala, por las consecuencias que siguen padeciendo hoy.
Ramos sufre dolores frecuentes de cabeza y tiene problemas en las articulaciones. Todavía supura y orina sangre. "Nunca me curaron. A lo más que llegaron fue a procurarme un alivio pasajero". Añade que sus hijos y nietos están pagando las consecuencias. Su hija mayor perdió la vista siendo niña. Gudiel está casi ciego, padece de incontinencia urinaria y tiene llagas en las piernas. Al ignorar la naturaleza de su enfermedad, contagió a su mujer. Un tercer compañero de infortunio, Celso Ramírez Reyes, murió en 1997. Su hijo, del mismo nombre, cuenta que una de sus hermanas y su hija mayor son ciegas, mientras el más pequeño de sus niños sufre de ataques epilépticos. Él padece permanentemente de dolor de cabeza y músculos. "Como uno es muy pobre y no puede pagar médico, se tiene que conformar con remedios caseros", se lamenta con un gesto de impotencia absoluta.
La memoria puede haber perdido fidelidad. Han transcurrido más de 65 años, pero Ramos y Gudiel recuerdan que algunos de sus antiguos compañeros sufrieron amputaciones del pene, lo que llevó a muchos de ellos al suicidio.
Los abogados explican que tienen confianza en que el Gobierno de Washington indemnizará a las víctimas -recuerdan que los afroamericanos sometidos al mismo experimento en Alabama fueron indemnizados-, pero vaticinan un proceso lento y complicado. Si se llega a un acuerdo extrajudicial, el caso podría resolverse en nueve meses; si van a juicio, puede tardar años.
Al Gobierno de Guatemala le denunciarán por haber permitido los experimentos y abandonar a las víctimas. "No tenemos muchas esperanzas en la justicia local, lo que nos obligará a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", anticipan los letrados.Y finalmente irán a por una compañía farmacéutica de la que no citan el nombre. "Sabemos cuál es y que ha ganado mucho dinero con la comercialización de la penicilina", aseguran.
Los niveles de infamia sobrepasan cualquier límite, al grado de extender los experimentos a niños de corta edad, con el agravante de cebarse en los huérfanos. Marta Lidia Orellana, de 74 años, recuerda cómo, siendo una niña de 10, fue sacada del patio de recreo del hospicio y llevada a la clínica del orfanato. "Me obligaron a desvestirme. Con lujo de fuerza me separaron las piernas y empezaron a manipular mi vagina. Fue muy violento. Todavía tengo pesadillas y me despierto gritando, bañada en sudor", cuenta ruborizada.
Insiste en que tampoco a ella le explicaron nunca el porqué de tales exámenes, cuando en toda su vida había padecido enfermedad alguna. Dice creer que los médicos eran estadounidenses, "porque eran muy altos y rubios". Las veces en que se atrevió a preguntar sobre el tratamiento, le contestaban con violencia -"tú te callas", gritaban- y la amenazaban con golpearla. "Sí, había un doctor guatemalteco, de apellido Cofiño, que era muy grosero", confiesa.
Añade que, tras abandonar la inclusa, con 17 años, no recibió ningún tipo de seguimiento. "Mi gran problema fue que no me extendían la certificación de sanidad exigida para cualquier trabajo, con un único argumento: "Tienes mala sangre". Y recuerda que, embarazada de su hija menor, eran inyectada con penicilina, sin importar el riesgo que ello implicaba para su bebé. "¡Dios los perdone!", exclama, antes de perderse en el recuerdo con las lágrimas asomándose a los ojos.
